SEDENA en Calakmul: ¿hotel o base militar?
Investigación publicada en Los Angeles Press el 28/08/2023
Por Giovanna Gasparello y Jorge Fernández Mendiburu*
El 11 de noviembre de 2022, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el ingeniero militar Blas Andrés Núñez Jordán, jefe del Centro Coordinador de Operaciones del Tren Maya, anunció que, como parte de su participación en la construcción del megaproyecto, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) construirá seis hoteles aledaños a las zonas arqueológicas de Palenque, Edzná, Nuevo Uxmal, Chichen Itzá, Tulum y Calakmul.
En los años que han transcurrido desde el anuncio del “más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio” [1], nos acostumbramos a que la información relacionada sobre sus implicaciones, los procedimientos de construcción y las obras complementarias incluidas en el Tren Maya sean anunciados de manera repentina e intempestiva, lo cual ha evidenciado la ausencia de un plan maestro general. Asimismo, la revelación paulatina de nuevas obras y emprendimientos vinculados al Tren Maya son muestra de que el proyecto crece sobre la marcha y se le van añadiendo elementos según se presenten circunstancias propicias, o los inversionistas presenten propuestas, o la multiforme y camaleónica racionalidad institucional relativa al proyecto encuentre nuevas ideas y ámbitos de oportunidad.
Varias notas periodísticas han señalado que para dicho hotel no existe una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y publicada en la Gaceta Ecológica, medio oficial de dicha dependencia, como lo prescribe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. A pesar de representar una violación a la legislación ambiental, esto ya no debe sorprender, puesto que los decretos presidenciales de 2021 y 2023 declararon los proyectos de infraestructura del gobierno en el sur del país como obras de interés público y seguridad nacional, lo cual implica –entre otros aspectos- que las dependencias responsables sólo tienen la obligación de presentar una solicitud de autorización provisional al iniciar las obras, y un año de tiempo para entregar la Manifestación de Impacto Ambiental en forma. Aunque el decreto emitido en noviembre de 2021 fue declarado inconstitucional por el pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo día de esa declaratoria de inconstitucional y franco desafío al Poder Judicial, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto en los mismo términos que el anterior [2].
Ahora bien, lo que desconcierta en este caso es que, mientras en los foros institucionales se publicita la construcción de un gran hotel que ya tiene el 22% de avances (Conferencia Mañanera del 7 de agosto de 2023), lo que también es manifiesto en las imágenes que circulan en la prensa, la solicitud de autorización provisional presentada a la SEMARNAT por la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA, el 8 de febrero de 2023 [3], es relativa a la “Construcción de un alojamiento para el personal que brinda seguridad, monitoreo, investigación, logística y educación ambiental en la Zona Arqueológica de Calakmul, Campeche”.
No hace falta ser especialistas en materia ambiental y ecología para comprender la abismal diferencia entre los impactos ambientales de una infraestructura turística destinada a atraer y hospedar un número ingente de visitantes, que la de un centro destinado principalmente a investigación y monitoreo para personal específico que atiende dichas tareas. El asunto no es poca cosa, considerando que nos estamos refiriendo a la Reserva de la Biosfera, la segunda área protegida en orden de grandeza y biodiversidad de todo el continente latinoamericano, después de la Amazonía.
Solicitamos a la SEDENA los planos de dicho Alojamiento, elaborados por la Dirección General de Ingenieros, que muestran de hecho un conjunto de edificaciones pequeño, que incluye un edificio de alojamiento con literas, oficina y comedor, una perrera para tres canes, un patio de honor y asta bandera, y una caseta de vigilancia.
Sin embargo, en el oficio de autorización provisional en materia de impacto ambiental emitido por la SEMARNAT, se hace referencia a una construcción compuesta por “planta baja, primer nivel torre 1 y torre 2, habitaciones y servicios; primer y segundo nivel torre 3 y torre 4, habitaciones; edificio central, áreas públicas y administrativas” (SRA/DGIRA/DG-00504-23, pág. 3). Algo evidentemente no coincide: el objeto de autorización provisional es para un alojamiento destinado a personal con tareas logísticas, pero la descripción de la obra sí corresponde al hotel… Destacan entonces en este punto la complicidad institucional en la violación a la normatividad ambiental, entre una instancia que solicita autorización para construir un pequeño conjunto y en los hechos construye un centro turístico, y la otra que, consciente de todo esto, otorga una autorización contradictoria y confusa con la que avala la violación a la normatividad de la cual es garante.
Otro dato alarmante es que el sistema público para la Consulta de Programas y Proyectos de Inversión en Cartera, de la Secretaría de Hacienda, registraba en octubre de 2022 el proyecto como “construcción de un alojamiento para el personal en tránsito en la región sur-sureste”, refiriéndose al “personal militar” para aminorar los tiempos de traslado, los gastos de alojamiento, alimentos y combustible relacionados con el “desvío del personal militar” y con una capacidad prevista para 150 personas; proyecto presupuestado con la ingente cantidad de 1000 millones de pesos.
Aquí entonces otro elemento discordante: un edificio para 150 personas y con ese costo no corresponde al “Alojamiento […]” para el cual fue solicitada la autorización provisional de Semarnat ni con los planos de la Dirección General de Ingenieros; corresponde con el Hotel Tren Maya, ¿pero entonces el costo para el erario público se justificó con una solicitud de servicio militar y se está utilizando para construir infraestructura comercial? No lo sabremos nunca, puesto que en agosto 2023 tanto el número de solicitud como la clave de cartera (22071170033) identificativos del proyecto aparecen como inexistentes en dicho sistema de consulta.
Como lo advirtió el IFAI y lo ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la declaratoria de seguridad nacional para el megaproyecto Tren Maya conlleva la secrecía sobre mucha información relevante vinculada a la obra.
Pero la confusión aumenta al revisar la Solicitud de expropiación del terreno para la o las obras, enviada por la SEDENA al titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) el 1 de noviembre de 2022. En el documento se solicita la expropiación de 15,000 hectáreas pertenecientes al Ejido Plan de San Luis, de las que 9,200 se encuentran al interior de la poligonal de la Reserva y son asignadas a la SEMARNAT, mientras que otras 5,790 pasan a ser controladas por la SEDENA.
En la página 2 de dicho documento se menciona que en ese predio se prevé la “construcción de instalaciones y obras complementarias para salvaguardar la seguridad nacional y protección a la población”, y en específico “la creación de un centro o campo para el personal de SEDNA y GN”. ¿Hotel, alojamiento para logística y monitoreo de la reserva y la zona arqueológica, o base de operaciones mixtas de las Fuerzas Armadas?
La finalidad del proyecto parece ser castrense, considerado el carácter fronterizo de la zona, y además una frontera casi nominal pues, por suerte, no existen barreras importantes que dividen la selva maya entre México y Guatemala. La misma Solicitud de expropiación expresa la “necesidad de crear en un mismo proyecto las instalaciones militares, donde se alojarán organismos del ejército mexicano, con funciones vitales de mando y control, así como para la defensa estratégica del país.
En este sentido, dicho proyecto es considerado como un asunto de seguridad nacional, teniéndose entre otras, las actividades siguientes que desarrollará la SEDENA: a. desarrollará funciones de vigilancia en la frontera sureste; b. tendrá una participación relevante como punto logístico y estratégico para prestar apoyo en caso de desastres naturales; c. operará en forma conjunta con la Guardia Nacional, integrándose en una instalación militar, con infraestructura propia para cada dependencia; d. desarrollo de tareas intersecretariales e interinstitucionales respecto a los temas de inteligencia, operaciones militares, logísticas, académicas y jurídicas; acceso a la información y otros asuntos de la competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional” (pág. 17).
La construcción de infraestructura militar está razonablemente vinculada al anuncio del ingente incremento de la presencia castrense en la zona, pues se anunció que “cuatro mil 931 elementos de la Guardia Nacional” serán destacamentados en la región y “estarán de manera exclusiva generando las condiciones de seguridad en el Tren Maya”, sumándose a los 922 elementos ya presentes en la Península de Yucatán [5].
El decreto de expropiación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2023, confirma que, del terreno expropiado, 36 hectáreas se destinan para la construcción de las vías férreas del Proyecto Tren Maya, mientras que “5,749 hectáreas para la construcción de obras complementarias, relacionadas con las actividades castrenses en general”. No se menciona hoteles de ningún tipo, ni alojamientos para personal logístico o de investigación de la reserva…
El mismo Decreto expropiatorio expone que el ejido Plan de San Luis será resarcido con una cantidad de casi 603 millones de pesos, esto es aproximadamente 40,000 pesos por hectárea, una cantidad muy superior al valor comercial de la tierra en la zona.
Es también relevante el hecho que, de manera concomitante a la expropiación, también se está planteando la modificación de la Declaratoria del área natural protegida de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. El Estudio previo justificativo presenta cambios y ampliaciones de las zonas núcleo, y acredita que la porción correspondiente a las 5,749 hectáreas destinadas a la SEDENA se incorporará como zona de amortiguamiento.
Al respecto se manifiesta una contradicción entre las declaraciones de la SEDENA reportadas en la prensa, según las cuales el predio está “totalmente impactado desde el punto de vista arqueológico y ambiental debido a que fue utilizado como un campo chiclero hasta la década de los ochenta”,[6] y lo que asevera el citado estudio, según el cual dicho territorio cuenta “con un alto valor ambiental asegurando la conectividad biológica de selvas tropicales del neotrópico, con características climatológicas, edafológicas y de vegetación muy particulares, predominan la selva alta o mediana subperennifolia y la selva alta o mediana subcaducifolia, ambas en buen estado de conservación” (pág.80). Por lo tanto, la SEMARNAT y la CONANP indican que allí “podrán realizarse actividades que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable”, lo cual no parece coincidir con un hotel de tales dimensiones.
Esto en lo que corresponde al fantasmal hotel que se está edificando sin que de él aparezca registro alguno en ninguno de los documentos vinculados a las actividades de la SEDENA y su dependencia Tren Maya S.A. de C.V.
Por su parte, la edificación de infraestructura castrense también carece de licencia –en este caso social puesto que cuenta con el aval del Ejecutivo- y representa una fuerte alarma en cuanto a violación de los derechos indígenas. Éstos son violados abiertamente ya que el proceso de consulta realizado en 2019 no incluía dicha información, por lo cual los pueblos mayas asentados en la zona no dieron su consentimiento ni a la construcción de infraestructura turística ni mucho menos, y lo que es más grave, militar.
Se está operando en abierta violación a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 30.2 señala que “los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.
Por otro lado, la opacidad y confusión que ya hemos señalado redundan en una sustancial falta de acceso a la información sobre las obras que se están desarrollando en el corazón de la selva maya, pues la opinión pública en ningún momento ha sido informada sobre la construcción de nuevas bases militares y de operaciones mixtas en la región, lo cual es un dato sensible puesto que el establecimiento y la estancia permanente de personal militar altera la dinámica social y el tejido organizativo en la región, y puede implicar graves violaciones a los derechos humanos por abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza, como ha sido ampliamente documentado en otras regiones militarizadas (Chiapas con la estrategia contrainsurgente y el norte del país con la “lucha contra el narco”).
¿Hotel o base militar? La pregunta sobre lo que está edificando la SEDENA en el medio de la selva maya de Calakmul se puede resolver así: probablemente ambos, pero de ninguno existe información transparente, ni se está actuando en apego a los derechos humanos, indígenas y ambientales; y en todos los casos, se está infringiendo la normatividad vigente al actuar sin autorizaciones y licencias y fortaleciendo la presencia militar en espacios públicos sensibles donde el control sobre lo que hace el instituto armado es inexistente. ¿La paradoja de un Estado que se transforma a sí mismo para poder violar su propia institucionalidad, o que decreta zonas de excepción para justificar la institucionalización de la arbitrariedad?
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Sobre los autores: Giovanna Gasparello es Doctora en Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana y Profesora-Investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Jorge Fernández Mendiburu es doctor en Derecho público por la Universidad Autónoma de Barcelona y docente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores-Mérida.
Notas
[1] Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, Eje General III Economía.
[2] DECRETO por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público, Diario Oficial de la federación, 18 de mayo de 2023.
[3] Los documentos citados en este texto fueron proporcionados por la Unidad de Transparencia de la SEDENA vía solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia.
[4] Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, intervención en la Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 27 de febrero de 2023.
[5] Blas Andrés Núñez Jordán, jefe del Centro Coordinador de Operaciones del Tren Maya, Dirección General de Ingenieros, SEDENA, intervención en la Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 27 de febrero de 2023.
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